Por una autoridad independiente

El informe extraordinario "Los conflictos socioambientales por industrias extractivas en el Perú", elaborado por la Defensoría del Pueblo a solicitud del Congreso de la República, identifica como causa fundamental de dichos conflictos la falta de confianza en el Estado por parte de los sectores históricamente postergados de nuestra sociedad. El Estado es percibido como un desesperado promotor de la inversión y, a la vez, como distraído protector del ambiente y de los derechos fundamentales o, lo que es peor, en ocasiones, ausente en la vida de sus ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. Asu vez, el contexto de conflictividad violenta afecta el clima de inversiones, Asimismo, hoy sabemos que el calentamiento global de la tierra no nos es ajeno. La escasez del agua, por efecto del progresivo deshielo de las cordilleras, impacta en nuestra vida. La contaminación del aire afecta nuestra salud. Problemas como látala ilegal, la minería informal, el inadecuado manejo de los residuos sólidos, la falta de tratamiento de las aguas residuales, entre otros asuntos, no son regulados y controlados suficientemente.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, en el mencionado informe, da cuenta de la débil y fragmentada institucionalidad ambiental, y de su escasa visibilidad y reducido peso político. La responsabilidad de muchos termina siendo responsabilidad de nadie.

Por ello, para la Defensoría del Pueblo, es necesario crear una autoridad ambiental independiente, es el medio y la oportunidad para superar la sectorización ambiental y transformar nuestro país en un espacio de diálogo con desarrollo sostenible. Con una autoridad ambiental independiente y una gestión pública estratégica, ordenada, transparente y eficaz, nos convertiremos en un país más competitivo, con un marco de protección del ambiente, respeto de derechos y atractivo para la inversión.